NUEVO RECORTE DE DERECHOS A LOS CIUDADANOS DEL MINISTRO DE JUSTICIA GALLARDON

Hace unos meses que entró en vigor la Ley de Tasas judiciales, como ya es sabido esto significa que cualquier persona que necesite acudir a los Tribunales de Justicia en defensa de sus derechos, tiene que pagar unas cantidades de dinero para que pueda ser admitido a trámite su demanda.

La justificación de este dislate jurídico por parte del Ministro, fue que así se mejoraría un servicio esencial como la Justicia. Con el transcurso del tiempo se está viendo que la calidad del servicio de justicia no mejora, peor ambiente entre los funcionarios, mayores o iguales retrasos para los ciudadanos, falta de información al ciudadano, etc.

Lo que necesita la Justicia son mejores medios materiales, introduciendo la administración electrónica en los Juzgados e implementar los recursos humanos, con gente preparada en los nuevos medios que se doten, además de nuevas convocatorias de jueces y fiscales y no imponer unas barreras económicas para desanimar a los ciudadanos que piden justicia.

Pero, para los que pudieran aceptar “pulpo como animal de compañía”, es decir aceptamos las tasas, a cambio que si decido acudir al juzgado, por lo menos que sea bien atendido, que la justicia que se reclama sea rápida y de calidad. La realidad es bien distinta para cualquier asunto judicial, todo ello penalizado con las tasas, no solo no ha mejorado sino que ha empeorado. Como se puede explicar, entonces, qué nos están cobrando un precio publico por hacer uso de un servicio público y es todavía peor, si nos cobran por lo menos que funcione.

Con la ley de tasas el Ministro Gallardón puso de acuerdo, mira que es difícil, a todos los profesionales del derecho, jueces, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores, colegios profesionales, y por supuesto los ciudadanos, que a partir de ese momento vieron como el acceso a un servicio publico era penalizado con unas tasas desorbitadas. Pese a la unanimidad de la protesta el Ministro no hizo el más mínimo gesto de entendimiento.

Esta situación ha desembocado en una auténtica cascada de Recursos en contra de esta Ley por parte de asociaciones y Colegios Profesionales, hasta la propia Audiencia Nacional ha solicitado la inconstitucionalidad de la Ley de Tasas, ya que limita un derecho fundamental que es la Tutela judicial efectiva, en otras palabras vulnera un derecho fundamental, alucinate que un gobierno democrático que debería ser el garante de los derechos sea ahora el violador de las libertades públicas.

Si todo esto no fuera suficiente, para poder decir que el Ministro Gallardón pasará a la historia como el Ministro de Justicia, de la DEMOCRACIA, que más recortará los derechos de los ciudadanos, amenaza con una nueva medida que poca gente ha reparado en ella, salvo los profesionales del derecho, y que va a condicionar y mucho el tema de las reclamaciones en los supuestos de accidentes de tráfico.

Pues bien el Gobierno de Rajoy, del que forma parte el Ministro de Justicia Gallardón, tiene preparado una reforma integral del actual Código Penal español del año 1995. Aunque es una reforma muy amplia, nosotros en este texto vamos a tratar solo de una cuestión y es la despenalización de las faltas.

En el anteproyecto de ley está contemplado que desaparezca del Código Penal, el libro III, que regulaba las faltas.

Esto tiene transcendencia en el ámbito concreto de la reclamación de los accidentes de tráfico, porque una buena parte de las reclamaciones con heridos, lesionados o muertos, se acudía al procedimiento del juicio de faltas.

¿Pero que va a implicar este cambio legislativo para los ciudadanos?, ya que al final son ellos los que sufren las medidas de los políticos incompetentes.

Hasta este momento si tenías un accidente de circulación como conductor, ocupante, peatón, motorista, ciclista, y resultabas herido o lesionado tenías abierta la vía de la reclamación del juicio de faltas, esto es se ocupaba la jurisdicción penal.

Esto se traduce de inmediato en una ventaja para los ciudadanos, se iniciaba un procedimiento con una denuncia, contra el conductor contrario al que se le imputaba por una imprudencia con resultados de lesiones. El lesionado o perjudicado, entraba bajo el paraguas de cierta protección del Estado, ya que su situación será examinada por el Forense que emitía un parte de sanidad donde se concretaban las lesiones causadas por causa del accidente, y la posterior reclamación a la compañía de seguros que se tendría que hacer cargo de la indemnización.

Con este procedimiento dentro de la desgracia que es encontrarse con las consecuencias de un accidente de circulación que en algunos casos te puede condicionar el resto de la vida, por lo menos se tenía cierta garantía de que la compañía al final tendría que pagar las indemnizaciones que marca la Ley.

Pero si este cambio legislativo se llegara a consumar dará la vuelta a todo el sistema de reclamación, recortando los derechos a los ciudadanos y privilegiando a las compañías de seguros, que con este cambio van a pisotear nuestros derechos como perjudicados de un accidente.

Incluso con la situación actual las compañías de seguros aprovechándose de la ignorancia y buena fe de los asegurados hacen todo el posible por establecer indemnizaciones muy por debajo de lo legalmente establecido, que en unos casos por acomodación, en otro por falta de conocimientos los asegurados deciden aceptar.

La reforma que quiere introducir el Ministro Gallardón es la siguiente: todo lo que se tramitaba como un juicio de faltas, pasará a la jurisdicción civil a un procedimiento verbal por debajo de los 6000,00€ o a un procedimiento Ordinario por encima de la mencionada cantidad.

Pero ¿que significará esto para el ciudadano? Pues que a partir de ahora, el que quiera reclamar como perjudicado en un accidente de circulación, tendrá los siguientes inconvenientes:

1.- Aplicación de la TASA JUDICIAL que le corresponda, según la cuantía del asunto, 150,00 o 300,00 euros más porcentaje por cuantía.

2.- PAGO DE LOS INFORMES PERICIALES DE PARTE. Lo que antes hacia el forense con la reforma lo va a tener que hacer cada parte, pero como lo normal que cada perito de parte este condicionado por el que le paga se tendrá que nombra un tercer perito por el juzgado que también tendrá que pagarse, o sea el que recurra pagará perito y medio.

3.- PAGO DE PROCURADOR, hay que recordar que en el procedimiento de faltas se tramita sin procurador.

4.- POSIBLE CONDENA EN COSTAS. Al ser jurisdicción civil no vencer a la otra parte significará que pueda ser condenado en costas con lo cual todos los gastos anteriores se duplicarían. Además habría que pagar al abogado de contrario.

Todo esto es lo que le espera al perjudicado de un accidente si pretende recurrir por no estar de acuerdo con la Compañía de Seguros, para que luego digan, en este caso los dirigentes del PP, que piensan en la mayoría de los ciudadanos cuando toman medidas, como se puede ver es absolutamente falso.

Pero vamos a poner un ejemplo para poder entender mejor lo que implica este cambio legislativo. Vamos a suponer que una persona que conduce un coche por una negligencia se salta un stop, un semáforo en rojo o un paso de cebra, y de esta acción causa un accidente con muertos o lesionados graves, bueno en estos casos como van a quedar despenalizados las faltas por imprudencia, saldrían de la esfera penal y quedarían sin sanción penal, tendríamos que acudir al procedimiento civil, para ventilar allí las indemnizaciones que les pudiera corresponder a los perjudicados, con los inconvenientes antes mencionados.

Así pues la acción anterior que causa muerto o herido saldría de la jurisdicción penal. En otro supuesto una persona que ha bebido de más un día, por encima del 0,6 mg/l de alcohol en aire., decide coger el coche, (mal echo), conduce sin tener ninguna consecuencia negativa, pero le hacen un control de alcoholemia, entonces al dar por encima de 0,6 mg/l de alcohol en aire se le imputaría un delito castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses.

En otras palabras causar heridos leves o graves e incluso una muerte, no merecería un reproche penal. Beber más de la cuenta un día, sin causar ni heridos ni muertos, si te pillan te imputarían un delito.

También mencionar el articulo 379.1 del Código Penal “El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses.”

Este es el rasero que quiere aplicar el Ministro Gallardón a partir de ahora, la justificación a este desaguisado es que como los Juzgados de Instrucción penal están atascados por estos asuntos, la manera de mejorar las estadísticas es suprimir el acceso de los ciudadanos a la jurisdicción de estos Tribunales.

El resultado ¿Cuál será? Pues una merma de los derechos de los ciudadanos, ya que ante la actitud reiteradamente cicatera, sin ningún tipo de escrúpulo humano, y solo guiada por el beneficio comercial que despliegan las compañías de seguros en contra de los asegurados, a estos se le va a llevar a un combate en desigualdad absoluta de medios técnicos y económicos.

Las Compañías de seguros son unas Organizaciones piramidales perfectamente diseñadas para por un lado captar el mayor número de clientes posibles, y por otro cuando se produzca un siniestro, dar lo mínimo posible y no lo que estipula la Ley.

Con esta reforma el Ministro Gallardón satisface plenamente a todas la Compañías de seguros del sector automovilístico, y pone en su contra curiosamente a todas las asociaciones de victimas de accidentes de tráfico, cosa lógica por otra parte. No sería de extrañar que una vez terminada su carrera política el Señor Gallardón terminara como director general de alguna súper compañía aseguradora.

También tengo que decir que esta medida de despenalización de las faltas, es aplaudida por una parte de la mas rancia doctrina jurídica penal, metidos en argumentos puramente teórico-jurídicos, sin que les importe demasiado las consecuencias que en la practica traen este tipo de cambios legislativos.

Por último y aunque suene duro decirlo si se consuma este desastre legislativo, al conductor perjudicado, ocupante, peatón, herido o lesionado en un accidente de trafico, ostentará la condición de victima doblemente, por un lado por ser victima del accidente y por otro cuando se tenga que enfrentar a las compañías de seguros en defensa de sus intereses, ya que con el cambio de reglas jurídicas que a lo que parece el Ministro Gallardón quiere introducir cualquier reclamación será un acto de heroicidad.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO: EL AUTO DE CUANTIA MAXIMA.

Cuando se produce un accidente de tráfico con lesionados, considerados estos los que son atendidos por el servicio de urgencias y continúan posteriormente bajo tratamiento médico, podemos ejercitar dos vías alternativas, pero no simultáneas:

– vía penal, normalmente ira por el juicio de faltas, salvo los caso de alcoholemia, o conducción temeraria, serian imputables como posibles delitos.

– vía civil, según su cuantía por un juicio verbal u ordinario.

Cuando hemos optado por la vía penal, normalmente se resolverá por los trámites del juicio de faltas.

En este juicio terminará mediante sentencia donde se determinará la culpabilidad penal del denunciado, donde se fijara una pena minima, y se cuantificará la acción civil que lleva aparejada la acción penal ejercitada.

Pero en la finalización del juicio de faltas también pueda pasar que:

– Que la sentencia sea absolutoria por falta de pruebas.
– Que se declare la rebeldía del acusado.
– Que exista resolución del procedimiento sin declaración de responsabilidad.

En estos supuestos si el perjudicado no hubiera renunciado a la acción civil ni la hubiera reservado para ejercitarla separadamente antes de acordar el archivo de la causa, El Juez que hubiera conocido de ésta dictará auto de el que se determinará la cantidad liquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado.

Esto es lo que se conoce como AUTO DE CUANTIA MAXIMA.

Según establece el Art. 17 de la Ley de responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor en la sucesivo (LRCSCVM) un testimonio del auto recaído en las diligencias a que se refiere el Art. 13 de esta Ley constituirá titulo ejecutivo suficiente. El testimonio del auto se convertirá en el titulo por el que el perjudicado podrá formular su demanda ejecutiva, pudiendo así hacer efectiva la cantidad que aparece en el mencionado auto de cuantía máxima.

La demanda ejecutiva se dirigirá contra la Compañía de seguros o frente al Consorcio de Compensación de Seguros. La cantidad será la señalada en la resolución, con los intereses y las costas que provisionalmente se calculen en ejecución.

El Tribunal competente es el del lugar donde ocurrió el hecho, por ser el lugar donde se expide el auto. Ya sea en partidos judiciales con jurisdicción mixta (civil y penal), o en partidos judiciales con jurisdicción separada, conocerá el Juzgado de Primera Instancia, por reparto.

El ejecutado en el plazo de 10 días, desde la notificación del auto podrá formular oposición a la ejecución plateada en base al contenido de los artículos 556.3, 557, y 559 de la LEC.

Aspecto importante la oposición suspende la ejecución, esto se aparta en cierta forma de la regla general para los títulos ejecutivos, la explicación está en que el Auto de cuantía máxima lo que hace es describir un accidente de trafico sin determinación de responsabilidad alguna, por lo que al no declarar un culpable, ambas partes teóricamente, tendrían la posibilidad de que prosperen sus peticiones.

Uno de los motivos más importantes para formular oposición es la culpa exclusiva de la victima. Aquí rige el principio general, que corresponde a la parte ejecutada, que es quien alega la causa de oposición de culpa exclusiva de la victima acreditar, con prueba efectiva, la realidad de tal culpa.

En el auto de cuantía máxima, se van a fijar los la valoración de los daños personales obtenidos a partir del informe de sanidad, formulado por el forense y atendiendo al baremo.

Esto es así porque es el conductor de vehículos a motor es el responsable en virtud del riesgo creado de los daños causados a las personas, según el articulo 1 de la LRCSCVM, es una responsabilidad objetiva.

Por otro lado el auto de cuantía máxima para el demandante, no le obliga a acudir a la vía ejecutiva, sino que si lo considerara oportuno podría ejercitar la sus acciones por la vía declarativa civil ya sea por un juicio verbal o un juicio ordinario, ello en atención a su cuantía.

Llegados a este punto conviene distinguir, que en los daños personales se objetiva la responsabilidad del conductor, que es siempre responsable mientras no pruebe que la culpa es exclusiva de la victima, o fue debida a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehiculo, salvo el caso de la concurrencia de culpas.

En el supuesto de daños materiales la carga de la prueba lo es del perjudicado que deberá acreditar la culpa o negligencia del causante del accidente los daños y la relación de causalidad, y que tendría que acreditarlo en un procedimiento declarativo civil en el supuesto por ejemplo de que se decretara la concurrencia de culpas.